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| Protesta ante la sede de la Junta de Castilla y León |
@deportesavila / El Consejo Regional de Caza, que se ha celebrado ayer sin la participación de los representantes de la Federación Regional, clubes de caza y cotos, que no han asistido en protesta por la falta de medidas de la Junta por su “dejadez” ante el sector cinegético, ha estudiado la propuesta de la Orden Anual de Caza.
En lo que se refiere a caza menor, el inicio para la media veda será el próximo día 15 de agosto y su cierre el 15 de septiembre, y para la tórtola común y la paloma torcaz el inicio de la temporada hábil se fija para el 22 de agosto.
Por otra parte, para aquellos cotos que cacen las asociaciones pertenecientes a la Federación Castellano y Leonesa de Galgos y que estén inscritas en el Campeonato de España o de Castilla y León de Galgos, podrán solicitar a la Dirección General de Medio Natural el inicio del período hábil para la caza de la liebre su adelanto al día 12 de octubre.
En cuanto a la caza mayor, el período hábil para el jabalí se sitúa entre el cuarto domingo de septiembre y hasta el tercer domingo de febrero. En este sentido, y con respecto a las solicitudes o comunicaciones de monterías y ganchos/batidas, al objeto de eliminar la necesidad de presentación de un plano de mancha con cada solicitud o comunicación, el titular o en su caso el arrendatario podrá presentar con la primera solicitud o comunicación de la temporada un plano conjunto del coto en el que se establezcan gráficamente el total de manchas a dar en la temporada, debidamente numeradas. En caso de optar por la presentación de este plano conjunto, el solicitante solo deberá indicar en ulteriores solicitudes o comunicaciones el número de mancha a dar, sin necesidad de presentar un nuevo plano cada vez.
Además, según informa la Junta, en los aguardos o esperas nocturnas al jabalí, el titular estará obligado a comunicar al Servicio Territorial correspondiente el resultado de los aguardos o esperas nocturnas en el plazo máximo de quince días naturales. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la denegación de nuevas autorizaciones o a la revocación de las ya autorizadas.
Por otra parte, en el comunicado emitido este martes, la Junta de Castilla y León no ha hecho públicas las fechas de apertura y cierre de la caza menor, aunque es previsible que esta discurradesde el cuarto domingo de octubre al último domingo de enero.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicará en las próximas semanas la resolución de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente detallando las temporadas hábiles.
Comunicado de los representantes de los colectivos de caza
“Ya son muchos los ataques, y siempre a los mismos”. Así comienza el comunicado remitido a los medios de información y que esta mañana representantes de colectivos de la caza registraban en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en Valladolid, porque los cazadores de Castilla y León están “cansados y hartos de tanto abuso y desde tantos frentes”.
Según este comunicado, la Federación de Caza de Castilla y León, como entidad representante del mayor colectivo de cazadores de la región, “tiene la responsabilidad y el deber de denunciar la situación insostenible en que se encuentra la actividad cinegética, en gran parte provocada por la desidia, la inoperancia, el abandono y el expolio económico desde nuestra propia administración medioambiental”.
El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, denunció hoy que el sector está atravesando una situación que puede provocar que en los próximos años el número de licencias se reduzca a la mitad si la Junta no modifica sus políticas relacionadas con la actividad cinegética y el medio ambiente.
Iturmendi resaltó que en la última década se han perdido más de 50.000 licencias de caza en Castilla y León y advirtió de que como consecuencia de la “desidia” de la Junta y el “expolio económico” que sufren los cazadores, en los próximos años este descenso continuará hasta las 85.000, “justo la mitad de las licencias que había hace 12 años”. A este respecto hay que señalar que en Castilla y León se expidieron el año pasado 122.690 licencias de caza de las que, aproximadamente, unas 18.000 corresponden a aficionados que practican la caza en la provincia de Salamanca.
El presidente autonómico de la Federación de Caza, que realizó estas declaraciones en Valladolid durante una protesta a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente en la que se concentraron medio centenar de directivos de las distintas delegaciones provinciales, así como representantes de asociaciones de cazadores de la Comunidad, destacó que el detonante de la protesta ha sido la subida de las tasas en más de un 60 por ciento por parte de la Junta “sin ninguna contrapartida a cambio, ya que, como ejemplo, la partida destinada a la promoción de actividades cinegéticas y piscícolas ha pasado de 302.000 euros en 2012 a 129.000 para este año”.
Iturmendi, también explicó que ningún representante de la Federación de Castilla y León asistió al Consejo de Caza de la Comunidad, convocado a la misma hora que la protesta, argumentando que no es lógico “que en un foro de este tipo nos sentemos al lado de grupos que, como Ecologistas en Acción y otras organizaciones, cuestionan nuestra actividad y lo único que dicen es caza no”.
Asimismo recordó que en la Federación autonómica están integrados 20.000 cazadores y aseguró que ha llegado el momento de que el consejero de Fomento Medio Ambiente, Antonio Silván tome cartas en el asunto. “Desde algunos sectores se intenta, de forma permanente, demonizar la caza, cuando no se dan cuenta que se trata de una actividad generadora de riqueza en muchas zonas rurales y que los cazadores somos los primeros ecologistas y conservacionistas. Los políticos deben perder el miedo a pequeños grupos muy viscerales y muy radicales, y buscar soluciones a problemas de grupos numerosos, aunque menos escandalosos”.
Desde la Federación de caza también se pide refuerzos materiales y humanos para los servicios territoriales de Medio Ambiente, que se encuentran “dejados de la mano de Dios y saturados de trabajo”, y se reclama más apoyo para los agricultores. En este sentido, Iturmendi explicó que las administraciones deben poner en marcha las ayudas necesarias para lograr una agricultura rentable que permita a los profesionales del campo aplicar técnicas en sus cultivos con las que mejorar el hábitat de numerosas especies. “El objetivo es lograr ecosistemas en los que sea posible la vida animal, no sólo de las especies cinegéticas”.
Por qué protestan los cazadores
1º. Por una brutal subida de todas las tasas relacionadas con la caza y la pesca. Como ejemplo, la licencia de caza ha pasado en un año de costar 27 a 42 euros. Lo mismo ha ocurrido con las matrículas de los cotos, las tasas por solicitud de permisos, etc.
Estas subidas desproporcionadas y fuera de toda lógica, responden a un mero afán recaudatorio que pretende valerse de nuestro colectivo, que no protesta mucho, para mantener otros compromisos presupuestarios que interesan más.
No hay dinero ya para tanta tasa, gravamen, permiso, licencia, pago de daños, seguro, etc, por disponer en el mejor de los casos de unas pocas jornadas de caza al año, fiscalizadas además por unas autoridades medioambientales que a veces, lejos de colaborar y prevenir, añaden aún más trabas al cazador de buena fe.
Desgraciadamente soportamos una pérdida muy importante de cazadores en nuestras filas. Se debe poner remedio a esta sangría que impide que los jóvenes encuentren mínimas posibilidades de iniciarse en esta actividad y que los mayores puedan mantener su afición. No podemos seguir aportando más y más dinero que luego no se destina a la caza. Somos los únicos que pagamos por los aprovechamientos y la única garantía de sostenibilidad de muchas zonas rurales desfavorecidas en la región.
2º. Queremos, y así demandamos, una mayor autogestión y menos tutela administrativa, una vez aprobados nuestros planes cinegéticos. Tenemos experiencia en gestión cinegética y pagamos estos planes para utilizarlos como herramienta, cumplirlos y mantener las poblaciones de fauna. Queremos que se desarrolle la figura del especialista en control de predadores (los estudios se iniciaron precisamente en esta Comunidad ), como elemento imprescindible en la gestión de los cotos .Somos, en definitiva, los más interesados en cuidar y cosechar debidamente la riqueza cinegética.
3º. Se deben recuperar las ayudas al hábitat y conservación de especies. Es necesario recuperar la dotación presupuestaria para la mejora de los hábitats de los cotos. Ahorrar unos euros puede desembocar en la pérdida de especies emblemáticas de flora y fauna que a su vez son garantía de riqueza medioambiental.
4º. Demandamos una agricultura sostenible más rentable. Nuestros agricultores tienen la obligación de mantener unas buenas prácticas agrícolas y de eliminar los métodos más agresivos con el Medio, y la sociedad actual debe primarles vía PAC para que esto conlleve además un incremento de sus producciones. Si se enfrentan producción y conservación y no se ayuda al agricultor a proteger la fauna, todos sabemos que la conservación sale perdiendo.
5º. Se debe dotar al personal de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de más medios y unificar criterios de actuación en toda la región. En muchos casos, cada Servicio Territorialinterpreta y aplica las normas, precisamente por su falta de desarrollo y concreción, de forma dispar y en algunos casos contradictoria. La falta de criterios claros y también de personal acentúa el caos cuando se solicitan permisos como los de control de daños, que muchas veces se reciben cuando ya se han producido estos.
6º. Se debe completar el desarrollo reglamentario de la Ley de Caza de 1996, que sorprendentemente aún sigue indeterminada en muchos puntos después de 17 años de la entrada en vigor de la misma. Los grupos anticaza se están esmerando en atacar ante los tribunales nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia nuestra actividad por esta vía. El incumplimiento de los plazos, la negligencia y la improvisación dela Junta ha puesto ya varias veces en peligro nuestra actividad.
7º. Se debe recuperar la utilidad social de las Reservas de Caza de Castilla y León. La caza en las Reservas se ha entregado a los ayuntamientos en un nuevo sistema de adjudicación “al mejor postor” y de gestión cuanto menos plagada de interrogantes. Es necesaria una línea de financiación para mantener y desarrollar de forma adecuada estos espacios imprescindibles que fueron en su momento modelo de gestión pública. Se deben recuperar los cupos de caza que garantizaban el acceso de todos los cazadores, con mayor o menor poder adquisitivo, al disfrute de este patrimonio natural.
8º. Reivindicamos nuestro papel en la defensa del Medio Ambiente. Los intereses de la agricultura, la ganadería y la caza siempre deben ir de la mano. El acoso sistemático y chantajista de grupos beligerantes anticaza consigue presionar demasiado a muchos políticos, más preocupados en evitar confrontaciones con minorías que buscar solucionar problemas a otros colectivos más numerosos, aunque menos escandalosos.
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